Realismo en la negociación del reajuste público
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El pasado viernes, las asociaciones de funcionarios públicos tuvieron su primera cita con las autoridades del Gobierno para negociar lo que será el reajuste salarial del sector, encuentro que se produjo pocas horas después del paro al que convocaron la CUT y la ANEF. La movilización estuvo originada en el reciente dictamen de la Contraloría respecto de la continuidad laboral de los trabajadores a contrata en el Estado y, probablemente, marcó el tono de lo que será el proceso de definición del reajuste para 2025.
De esta forma, las tratativas que debieran centrarse en un acuerdo prudente sobre el aumento de remuneraciones, ya tienen sobre la mesa presiones sobre el término del vínculo laboral de trabajadores contratados por periodos definidos y para funciones específicas, además de demandas sobre la aplicación de la ley de 40 horas en el sector público.
En un contexto de desafíos inflacionarios y restricciones presupuestarias, debe primar la responsabilidad desde ambos lados.
La negociación de este año se da en un momento especialmente delicado para las arcas fiscales, a pocos días de haberse aprobado en el Congreso un presupuesto que rebajó el aumento del gasto público para 2025 desde un 2,7% original a 2%. Esta definición se dio en un contexto en que diversos economistas y organismos expertos vienen advirtiendo sobre la estrechez de las finanzas fiscales.
La solicitud de un incremento de 3% real por sobre el IPC acumulado en 12 meses se da, además, en un escenario de alto ausentismo laboral de los trabajadores estatales, el que en 2023 más que duplicó al del sector privado. De acuerdo con datos de la Dipres y la Suseso, los funcionarios públicos se ausentaron en promedio más de 31 días el año pasado.
A ello se suman diferencias en las cifras respecto de cuántas personas componen el empleo fiscal. Mientras el INE ha llegado contabilizar alrededor de 1,2 millón de trabajadores, incluyendo al Gobierno Central, al sector público descentralizado, las FFAA, empresas públicas, universidades estatales y municipios; la Dipres apunta a alrededor de 844 mil personas. La inexistencia de una cifra oficial hace inevitable la pregunta respecto de cuáles son las fuentes de información que el Ejecutivo tiene a la vista para el cálculo del reajuste, sobre todo en un contexto en que organismos como el CFA le han recomendado precisión y prudencia en sus proyecciones.
En el marco de un contexto económico complejo, con desafíos inflacionarios y restricciones presupuestarias, la negociación salarial se presenta así como un ejercicio en el que debería primar la responsabilidad desde ambos lados de la mesa, pues si bien es legítimo que los trabajadores demanden mejoras, el Gobierno debe ajustarse a los recursos disponibles y buscar el beneficio de la ciudadanía. El punto lo tiene claro el ministro de Hacienda, quien tras el paro convocado por la CUT y la ANEF, declaró: “No se trata solo de cuánto dinero tenemos, sino de cómo los acuerdos nos permiten ofrecer mejores servicios públicos”.
